Escola cree que el Consell deja en minoría el valenciano

Una docena de organizaciones y partidos políticos, todos con representación y arraigo en la Comunitat Valenciana, está convencida de que el documento del Consell, aun un borrador, sobre el plurilingüismo en la enseñanza "plantea un recorte en la competencia lingüística del valenciano por parte del alumnado".  Este es el temor mostrado ayer de forma conjunta por responsables de Escola Valenciana, los sindicatos docentes STE-PV, CC OO y FETE-UGT, los padres de FAPA, entidades cívicas como la Societat Coral el Micalet, Ca Revolta, Associació Cultural del País Valencià, la Associació d'Editors del PV y representantes del PSPV-PSOE, Compromís, Esquerra Unida, ERPV. Reunidos en la sede de Escola, anunciaron que están diseñando una campaña de movilizaciones en favor de un decreto "consensuado sobre el plurilingüismo" que comenzará el 19 de abril. "El borrador del decreto del Consell considera que el valenciano y el castellano están en igualdad de condiciones de normalidad lingüística y no se reconoce, por tanto, el carácter del valenciano como lengua minorizada, como una lengua oficial que está en desequilibrio" con lo cual no se favorecen medidas que "garanticen el aprendizaje y el conocimiento de la misma" señala esta plataforma para la que "la inmersión lingüística es imprescindible y ahora peligra gravemente". En el documento de mínimos que ha realizado Escola al texto del Consell, presentado la semana pasada, se indica que los programas de Ensenyament en Valencià (PEV) y de Immersió Lingüística (PIL) quedan reducidos al Programa Plurilingüe en Valenciano donde existe la obligatoriedad de impartir un mínimo de dos asignaturas en castellano y dos en inglés, con lo cual la lengua autóctona "estará menos presente". Además, critican que en los nuevos programas se propicia la enseñanza del alumnado en su lengua habitual, lo que "supone un ataque directo a la inmersión lingüística ya que el PIL ha conseguido de forma probada que los niños que tienen como lengua materna el castellano alcancen una competencia lingüística real también en valenciano, pero esto desparece" lamentan en Escola. El documento consensuado por las diferentes organizaciones reclama, entre otros, a la Conselleria de Educación que "se mantengan el PEV y PIL; que los centros puedan aumentar la presencia del inglés a través del proyecto y de áreas, de acuerdo a sus posibilidades organizativas y que en el programa en valenciano no se imponga un área en castellano". El presidente de Escola, Vicent Moreno, expresó que "nuestro objetivo es garantizar la competencia lingüística del alumnado en las dos lenguas oficiales y en inglés.

España, cobaya de las medidas de ajuste

En el moderno edificio donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) celebra sus reuniones, en la avenida de Pensilvania de Washington con la calle 19, un asunto se ha colado inesperadamente en la agenda de su asamblea de primavera. En la última semana, no había conferencia, rueda de prensa, corrillo o seminario que no arrancara casi inevitablemente con una pregunta sobre España. ¿Será el próximo país en solicitar un rescate financiero?; ¿la duda no es si pasará, sino cuándo?; ¿puede haber una intervención parcial del país?

Lo cierto es que la situación española se ha convertido en un banco de pruebas sobre las consecuencias de la austeridad y el ritmo al que habría que aplicar los ajustes. “La cuestión relevante no es si debería haber consolidación fiscal o no. Debería. La cuestión es a qué velocidad”, defendía el economista jefe del Fondo, Olivier Blanchard, durante la presentación de las Perspectivas Económicas Mundiales.

¿Será el próximo país en solicitar un rescate financiero?; ¿la duda no es si pasará, sino cuándo?; ¿puede haber una intervención parcial del país?

El mercado ha vuelto su mirada a la interacción entre austeridad y crecimiento y discute si acierta Europa con su apuesta por los ajustes frente a las recetas que aplica EE UU o las que recomienda el propio FMI. “Sin darse cuenta, España se ha convertido en un test para la cuestión fundamental que afronta Europa”, subraya Phil Suttle, economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales, que agrupa a los principales bancos privados del mundo y que se reúne de forma paralela a cada asamblea del FMI.

Un test que suscita dudas sobre su final. “Desde hace semanas todo el mundo me pregunta por España, quieren saber cómo de grave es la situación, qué está haciendo de verdad el Gobierno, si habrá intervención. Esa tónica se ha mantenido en la asamblea. Incluso miembros de Gobiernos de fuera de Europa buscan respuestas”, asegura un inversor afincado en EE UU. “Somos la estrella invitada y eso no es bueno”.

Las medidas aprobadas por el Gobierno no han logrado reducir la presión de los mercados sobre la deuda española. Ni la subida de impuestos, ni la reforma laboral que provocó una huelga general ni los 27.000 millones recortados en los Presupuestos ni las últimas reducciones de prestaciones en sanidad y educación parecen calmar la voracidad de los inversores. “Al Gobierno le ha fallado claramente la comunicación”, admitía un responsable del FMI. Pero también algo más. Lo dijo el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, hace unas semanas y lo ha dicho el FMI en esta asamblea. “El Gobierno ha establecido unos planes muy fuertes y la clave es la implementación. Por ejemplo, el sector financiero necesita aumentar sus niveles de capital y liquidez. Hay buenos planes al respecto, pero tienen que ser aplicados”, apuntaba el número dos del departamento de análisis del FMI, Jörg Decressin.

La desviación del objetivo de déficit de 2011 al 8,5% del PIB, desde el 6% inicial, ha tenido un fuerte impacto en el exterior. Aunque dentro de España se acepta una cierta limpieza de cajones con cada cambio de Gobierno, esa es una dinámica que no se alcanza a entender fuera, de ahí que las miradas se hayan puesto en el control del déficit por parte de las comunidades autónomas y una mayor transparencia de sus cuentas. Hay que evitar a toda costa, dicen los analistas, una repetición de lo que sucedió el año pasado.

“Aunque, sin duda, lo más importante es detallar un plan a medio plazo, con objetivos de realistas y medidas concretas que reduzcan la presión sobre las reformas a corto plazo. Es lo que hizo el Reino Unido y lo que debería hacer el Gobierno español. Su ultima oportunidad es el Programa de Estabilidad, que tiene que presentar en los próximos dias”, asegura un experto del sector financiero. Si falla con eso, el impacto puede ser letal.

Esa ausencia de planes concretos para 2013 explica que el FMI apenas augure un descenso de tres décimas en el déficit público de 2013 (del 6% al 5,7%). Pero los expertos del organismo tampoco tuvieron en cuenta el impacto de los Presupuestos de 2012 sobre el déficit de este año, lo que les obligará a revisar sus estimaciones.

Existe la sensación en la comunidad financiera de que el Gobierno español se relaja en la aplicación de reformas cuando desaparece la presión de los mercados. “Sin las subastas de liquidez del BCE de diciembre y febrero, el Gobierno no habría podido permitirse esperar a marzo para presentar sus Presupuestos”, asegura un responsable de un fondo de inversión. “Ahora el BCE está dispuesto a hacer sufrir a España para que aplique las reformas”.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, mantendrá este lunes reuniones con inversores en Nueva York para venderles las bondades de los planes del Gobierno. Pero, a la vista de cómo ha ido la asamblea, el mensaje que recibirá parece claro: ver para creer.

MEDIDAS URGENTES DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

§  El objetivo es introducir mecanismos de flexibilidad en la legislación educativa para permitir a las Comunidades Autónomas racionalizar su gasto educativo y que éste sea más eficaz.

§  Estas medidas de racionalización del gasto no son la reforma educativa del Gobierno, pero si condición previa y necesaria para llevarla a cabo.

§  El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha presentado una batería de medidas que buscan incrementar la eficiencia dentro del sector universitario.

§  El grado de aplicación de estas medidas corresponde a las Comunidades Autónomas

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito Educativo. El objetivo es introducir mecanismos de flexibilidad en la legislación educativa para permitir a las Comunidades Autónomas racionalizar su gasto educativo y que éste sea más eficaz.

Estas medidas son de carácter dispositivo. Cada Comunidad podrá modular la aplicación de estas medidas dependiendo de su situación financiera.

Modificación de las ratios de la Ley Orgánica de Educación con carácter temporal

Permite a las Comunidades Autónomas en momentos de limitación de la tasa de reposición (cuando esta sea inferior al 50 por 100) aumentar en un 20 por 100 el número máximo de alumnos por clase previsto en la Ley Orgánica de Educación: veinticinco en Primaria y treinta en Secundaria.

§  En la actualidad la Ley Orgánica de Educación ya contempla un incremento del 10 por 100 del número máximo de alumnos (artículo 87.2), por lo que sólo se plantea un incremento de otro 10 por 100 sobre lo ya previsto en la Ley.

Aumento de las horas lectivas del personal docente

Establecer un mínimo de veinticinco horas lectivas en Educación Infantil y Primaria y de veinte horas en las restantes enseñanzas, sin perjuicio de las reducciones que correspondan por ejercicio de funciones de dirección o coordinación del centro.

§  Es una medida que exige un esfuerzo por parte de los docentes pero que tampoco va a afectar a la calidad de la educación. Hay margen de actuación en este punto en la medida en que la ratio alumnos/profesor de España (8.6) es la segunda más baja de toda la UE y la OCDE. De hecho, España se encuentra, junto a Portugal, Italia, Eslovenia, Chequia, Austria y Luxemburgo, en el grupo de países de la OCDE que tiene ratios bajas y bajo rendimiento, en contraste con Francia, Alemania, Países Bajos, Estonia o Reino Unido, que tienen ratios altas y alto rendimiento académico.

Aplazamiento de la implantación de los Ciclos Formativos de 2.000 horas previstos en la Ley Orgánica de Educación para Grado Medio y Grado Superior

Se trataría de diferir la aplicación del Real Decreto 1147/2011 al curso 2014-2015, al igual que está previsto con el Real Decreto 1146/2011 para el caso de la ESO.

Modificación del criterio de nombramiento de sustitutos determinando que las bajas inferiores a diez días lectivos deberán ser atendidas por los recursos del propio centro

El nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares se producirá únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos desde la situación que da origen a dicho nombramiento.

Eliminación de la obligatoriedad de ofertar, al menos dos modalidades de Bachillerato en los términos previstos en la Ley Orgánica de Educación

Se propone su derogación, a fin de que sean las Administraciones educativas las que determinen la oferta de Bachillerato de los centros, de acuerdo a la demanda de los alumnos y a sus necesidades de organización educativa.

MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO QUE AFECTA A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

Aproximación de los precios públicos de los servicios académicos de las Universidades al coste efectivo de los mismos

El coste de la primera matrícula cubrirá entre el 15 y el 25 por 100 del coste real en los títulos de Grado y Másteres habilitantes para el ejercicio de una profesión.

La segunda matrícula cubrirá entre el 30 y el 40 por 100 del coste real.

La tercera matrícula entre el 65 y el 75 por 100

La cuarta matrícula entre el 90 y el 100 por 100 del coste real de las enseñanzas.

Para el resto de Másteres, los no habilitantes para el ejercicio de una profesión, la primera matrícula cubrirá entre el 40 y el 50 por 100 del coste real, y entre el 65 y el 75 por 100 de los costes a partir de la segunda matrícula.

El grado de aplicación dependerá de cada Comunidad Autónoma.

Racionalizar el número de titulaciones de grado mediante la exigencia de un número mínimo de alumnos

Esta medida tiene por objeto actuar sobre la dimensión mínima de una oferta “viable”, es decir, sobre el número mínimo de alumnos que ha de tener una titulación. Este criterio lo fijarán las Comunidades Autónomas en diálogo con las Universidades.

Hay que tener en cuenta varios datos:

§  Casi el 30 por 100 de los títulos comienza con menos del número mínimo de alumnos para garantizar su viabilidad económica (cincuenta alumnos).

§  España cuenta con 79 universidades y 236 campus, que ofertan 2.413 grados universitarios, 2.758 másteres y 1.680 doctorados. Existe un excedente de oferta de enseñanza universitaria que la Conferencia de Rectores cifró en el curso 2008/2009 en más del 13 por 100.

Régimen de dedicación del profesorado universitario

El profesor universitario tiene una doble función: la docente y la investigadora. Sin embargo, solo el 50 por 100 de los mismos está investigando (tiene un sexenio de investigación vivo). Por ello, se propone adaptar el régimen de dedicación según si cumplen sólo con la función docente o con ambas (la docente y la investigadora).

§  Aquellos funcionarios docentes sin sexenio en activo o vivo, que amplíen su dedicación máxima docente de 24 a 32 créditos al año.

§  Los que mantengan los sexenios activos o vivos, seguirían en la misma situación de dedicación máxima, los veinticuatro créditos anuales. Este grupo es el mayoritario dentro de la Universidad (más del 50 por 100).

§  Aquellos que muestren excelencia en la investigación se especialicen en ésta, reduciendo su dedicación máxima docente a un máximo de dieciséis créditos. Esto último se acreditará mediante un sexenio de excelencia que se definirá en desarrollos normativos posteriores.

§  No se aumenta el número de horas de clase a todos los profesores, sólo a aquellos que mayoritariamente se dedican a su función docente.

Incorporar el principio de estabilidad presupuestaria a las Universidades

Se trata de diseñar un sistema que garantice la estabilidad presupuestaria de las universidades, no sólo en el momento de elaborar el presupuesto sino también en la liquidación del mismo. Se establecerá además un sistema punitivo para aquellas universidades que incumplan, a cargo de las Comunidades Autónomas.

Limitación de incorporación de personal de nuevo ingreso en las Universidades

Los nuevos ingresos deberás acomodarse a lo que al efecto disponga la normativa básica sobre Oferta de Empleo Público.

Pañella: "El aumento de las ratios incrementará el fracaso escolar y perjudicará la competitividad

El diputado por Castelló de Compromís, Josep Maria Pañella, ha asegurado que "la decisión del gobierno español del PP de incrementar hasta 36 el número de alumnos por aula es una auténtica bomba de relojería disparada hacia el futuro de nuestro país, y su aceptación acrítica por parte del gobierno valenciano, igualmente del PP, una irresponsabilidad que pagaremos todos muy cara dentro de unos años ".

El diputado de Compromís ha explicado que "cualquier economista con dos dedos de frente sabría explicarles que desinvertir en educación en tiempos de crisis es absolutamente contraproducente, porque sus efectos negativos a largo plazo son muy peligrosos, y no compensan en absoluto el ahorro que se pueda hacer a corto plazo. Estamos hablando de un aumento seguro de los porcentajes de fracaso escolar entre un alumnado al que el profesorado no le podrá dedicar la atención personalizada que le haría falta, y la consecuencia será la bajada de los coeficientes de preparación y conocimientos cuando estas personas entre en el mercado de trabajo, lo que disminuirá notablemente la competitividad de un país, justo por lo tanto lo contrario de lo que se necesitaría. No tiene ningún sentido crear una comisión especial para estudiar el fracaso escolar y como ponerle remedio, cuando después se lleva a cabo un recorte tan brutal como éste"

Pañella ha dicho que "por supuesto, desde Compromís estamos totalmente al lado del profesorado, sindicatos de la enseñanza, y padres y madres que han denunciado estas medidas, que consideramos auténticamente suicidas. Para empezar, ya no estamos de acuerdo, como hemos explicado reiteradamente, con el acierto de la política de recortes salvajes con el objetivo de sanear rápidamente el déficit al precio que sea. Ésta es la política exigida por algunos de los actuales dirigentes de la Unión Europea, pero nosotros la consideramos completamente equivocada, como hacen también otras formaciones políticas a nivel europeo. Además, incluso si admitimos que los recortes en cuestión hayan de llevarse a cabo, pensamos que no es la Educación, ni la Sanidad ni el Bienestar Social, los puntos donde hay que incidir especialmente, sobre todo si tenemos en cuenta el agravio comparativo de los mínimos recortes que sufren partidas como la Casa Real o los gastos militares. Y, finalmente, no podemos aceptar que el gobierno autonómico valenciano sea una simple correa de transmisión de las órdenes del gobierno español, que no tenga nada que decir, ni a oponerse, cuando sus jefes de Madrid le dan una orden. No es así, por supuesto, como entendemos desde Compromís el autogobierno valenciano; sin embargo, por lo visto, sí que es como lo entiende el PP."

El Ministre Wert retalla als interins i augmenta les ràtios a les aules

L’increment de ràtios i d’hores lectives suposarà una pèrdua d’un gran nombre de llocs i, en conseqüència, malmetrà la qualitat de l’ensenyament.

La FETE-UGT de Catalunya rebutja les mesures proposades avui pel ministre d’Educació, José Ignacio Wert, als consellers d’ensenyament de les diferents comunitats autònomes, en relació a les retallades pressupostàries en matèria d’educación. En primer lloc, perquè des de la FETE-UGT entenem que el ministre demostra un gran desconeixement de la realitat educativa a Catalunya. Tanmateix, ens sumem a la crida feta per la FETE estatal que urgeix el ministre d’Educació a convocar amb caràcter d’urgència la Mesa Sectorial d’Educació, on s’han de tractar amb les organitzacions sindicals les condicions laborals del professorat.

Des de la FETE-UGT de Catalunya considerem que l’increment de les ràtios en un l’increment de les ràtios en un 20% (de 27 a 30 alumnes a primària, i de 33 a 36 a secundària), suposa la massificació de les aules i impedeixi l’atenció personalitzada al alumnat, que garanteix al nostre entendre l’èxit escolar. Tanmateix, l’increment de ràtios pot comportar una disminució generalitzada de les aules en el medi rural i, en alguns casos, pot suposar el tancament d’escoles.

Tanmateix, el ministre Wert ha anunciat l’increment del nombre d’hores lectives (25 hores a Infantil i Primària, i 20 a Secundària). Aquest agument suposa que el professor no tindrà el temps que requereix per fer altres activitats incloses dins el procés d’arpenentatge (tutories, atenció a les famílies, preparació de les classes…)

Les dues mesures anunciades per Wert -increment de ràtios i d’hores lectives- suposaran la pèrdua d’un gran nombre de docents en el curs 2012-2013 i, en conseqüència, malmetrà la qualitat de l’educació i de les condicions de treball del professorat.

El ministeri d'Educació dóna via lliure per ampliar un 20% els alumnes per classe

El pla de sis mesures per estalviar 3.000 milions també amplia les hores lectives dels professors. Wert desafia Catalunya: "Ja coneixen el camí, poden recórrer les mesures si creuen que vulneren competències"

El ministeri d'Educació modificarà la llei per donar més flexibilitat a les comunitats autònomes i fer possible l'estalvi de 3.000 milions en ensenyament anunciat pel govern espanyol.

Es tracta de 6 mesures:

1. Augmentar un 20% el nombre d'alumnes per classe (passant del màxim actual de 25 a 30 a primària i de 30 a 36 a secundària).

2. Augmentar les hores lectives dels professors, fins a un mínim de 25 hores a primària i 20 a secundària (ara el màxim és de 25 a primària i 21 a secundària).

3. Establir un nou pla de substitucions de professors: el centre ha de cobrir la plaça els primers deu dies de baixa i a partir d'aleshores se n'ocupa l'administració. No es cobriran les baixes del professorat de menys de dues setmanes.

4. Deixar que cada centre pugui oferir només batxillerat de ciències o lletres.

5. Suspendre l'obligació de fer els nous mòduls de Formació Professional de 2.000 hores.

6. Congelar o reduir els complements retributius als professors.

"Ampli suport"

Les mesures s'aplicaran el curs que ve i, segons el ministre José Ignacio Wert, tenen un ampli suport. Com a mínim, sembla que les aplicaran les autonomies governades pel PP. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha advertit que tres de les mesures podrien vulnerar les competències de la Generalitat. Es tracta de l'ampliació dels horaris dels professors, els canvis en el pla de substitucions i l'eliminació de complements retributius.

Wert desafia Rigau a portar-ho als tribunals

Rigau ha dit que el Govern estudiarà si porta les mesures als tribunals. El ministre Wert no hi ha donat més importància i ha dit en la roda de premsa posterior, sense citar ningú: "Ja coneixen el camí, poden recórrer les mesures si creuen que vulneren competències".

Els consellers de les sis comunitats autònomes que no governa el PP han conegut aquestes mesures durant la reunió d'avui, mentre que la resta ja les coneixien prèviament, segons han explicat les mateixes fonts de la conselleria de Canàries.

Wert assegura que són "mesures realistes" i que "no suposen un perjudici directe a l'ensenyament". El consell de ministres modificarà la llei aquest divendres.

LA EDUCACIÓN EN LA II REPÚBLICA

“La Constitución de 1812 dedicó un capítulo propio a la educación; La Constitución republicana de 1931, no consagró un capítulo expresamente a ello, pero fue el texto que más extensamente se ocupó de los problemas de la educación. Proclamaba la escuela única, la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, la libertad de cátedra y la laicidad de la enseñanza. Igualmente, establece que los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial serán funcionarios y que se legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se hallen condicionados más que por la aptitud y la vocación.”

La Constitución de 1812 dedicó un capítulo propio a la educación; La Constitución republicana de 1931, no consagró un capítulo expresamente a ello, pero fue el texto que más extensamente se ocupó de los problemas de la educación. Proclamaba la escuela única, la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, la libertad de cátedra y la laicidad de la enseñanza. Igualmente, establece que los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial serán funcionarios y que se legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se hallen condicionados más que por la aptitud y la vocación.

Precisamente de ésta normativa de carácter educativo que se aprueba en estos años, destacan los cambios sobre aquellos temas pendientes hasta entonces. Entre ellos, la regulación del bilingüismo, permitiendo que en las escuelas primarias se enseñe en lengua materna, aunque sea diferente del castellano, además de cursos de perfeccionamiento del catalán organizados por la Universidad de Barcelona; se suprime la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, aunque se mantendría en aquellos casos en que los padres lo desearan y se desvinculaban de impartir ésta asignatura a aquellos maestros que invocaran la libertad de conciencia. Con lo que la libertad religiosa es, en la escuela, respeto a la conciencia del niño y del maestro ; se reforma la formación inicial de los docentes, para lo cual se creo mediante el decreto de 29 de mayo de 1931 las misiones pedagógicas, “encargadas de difundir la cultura general, la orientación docente moderna y la educación ciudadana en aldeas, villas y lugares, con especial atención a los intereses espirituales de la población rural . Fue una propuesta inspirada probablemente en la ILE, consciente de que la modesta escuela primaria no podía dotar de los bienes de la cultura a los medios rurales; y se regula la inspección de primera y segunda enseñanza.

Quizás uno de los pocos aciertos de la II República fue el permitir el voto femenino y el desarrollar la legislación para crear una escuela pública, obligatoria, laica y mixta. "Sin ninguna duda, la mejor tarjeta de presentación de la República fue su proyecto educativo", asegura el catedrático de Historia de la Educación de la Universidad de Alcalá de Henares Antonio Molero. "Efectivamente, fue la piedra angular de todas las reformas: había que implantar un Estado democrático y se necesitaba un pueblo alfabetizado. Era el Estado educador", ratifica la doctora en Historia por la Universidad de Huelva Consuelo Domínguez. Tanto ella como Molero se han especializado en la enseñanza de la II República, un ambicioso proyecto que los maestros acogieron con entusiasmo.

Lo que más caracterizó la política educativa del Gobierno Provisional fue, sin duda, su decidido planteamiento del déficit de escuelas primarias. Rodolfo Llopis (Ministro del Ministerio), se quejaba de la falta de datos en el Ministerio, del estado y calidad de las escuelas publicas existentes. De ése modo, de un informe realizado por la Inspección de Enseñanza Primaria se dedujo que, habían 32.680 escuelas y que aun eran necesarias 27.151 escuelas más. Ante ésta situación el Ministerio respondió con un plan quincenal mediante el cual se crearían las escuelas necesarias a un ritmo de 5000 escuelas por año, excepto durante el primero que se crearían 7000. Junto a la falta de escuelas, la ausencia de maestros adecuadamente formados y dignamente retribuidos. Para ello hubo que cambiar el sistema de oposición que daba el acceso a la plaza de maestro por la convocatoria de cursillos de selección del profesional. Los candidatos pasaban tres meses bajo control del Ministerio recibiendo una preparación profesional y una orientación pedagógica, dividiéndola en tres partes: clases en las escuelas normales, prácticas pedagógicas en las escuelas primarias y lecciones de orientación en las Universidades. Finalmente eran seleccionados por tribunales competentes a estos efectos. Para la Republica, la formación del maestro aparece como una de las principales atenciones, pues el maestro ya empieza a ser considerado como el “alma de la escuela”. Su formación se basa en tres aspectos importantes: cultural (se adquirirá en los institutos nacionales de segunda enseñanza), preparación profesional (se adquirirá en las escuelas normales, para cuyo ingreso será necesario el bachillerato) y la práctica pedagógica (se realizará en las escuelas nacionales). Además se realizará practicando la coeducación, es decir, se fundían las escuelas normales masculinas y femeninas en escuelas normales mixtas. Además el Gobierno provisional no desatendió otros campos de la educación. Muestra de ello es el decreto de 13 de mayo de 1931, por el cual se suprimía el Plan Calleja de bachillerato, restableciendo el Plan de estudios de 1903. Reformando, así también, la enseñanza media. Por otro lado, mediante el decreto de 21 de mayo, se estableció la necesidad del titulo de maestro para la enseñanza primaria tanto privada como pública y el de licenciado para la enseñanza media. En el ámbito universitario, se otorgaba a las Facultades de Filosofía y Letras de las Universidades de Madrid y Barcelona un régimen de preautonomía, centrado fundamentalmente en la disminución de exámenes, opciones disciplinarias para los alumnos, régimen de tutorías, etc.… A lo anterior, también hay que sumar otra empresa que acometió el Gobierno, fundamental para consagrar la reforma educativa: una nueva ley de instrucción pública. Una ley cuya finalidad seria la de instituir en España la escuela única, y autorizaba al Consejo para que requiriera de cuantos organismos y entidades estimase preciso orientación y ayuda. Ésta labor le fue encargada a Lorenzo Luzuriaga. Su anteproyecto de ley merece especial atención pues recoge en gran medida las aspiraciones de amplios sectores republicanos en materia de enseñanza . En él, la educación pública debía revestir los siguientes caracteres:

1 La educación pública es una función del Estado. No obstante, puede delegarla en la región, provincia o municipio siempre que éstas justifiquen solvencia económica y cultural. Por otra parte, se acepta la existencia de la enseñanza privada, siempre que no persiga fines políticos o confesionales partidistas.

2 La educación pública debe ser laica. La escuela debe limitarse a dar información sobre historia de las religiones, con especial atención a la religión católica. Si las familias lo solicitan, el Estado podrá facilitar medios para la educación religiosa, pero siempre fuera de la escuela.

3 La educación pública debe ser gratuita, especialmente en las enseñanzas primarias y media. La educación universitaria debe reservar un 25% de matriculas gratuitas.

4 La educación pública debe tener un carácter activo y creador.

5 La educación pública debe tener un carácter social. No debe ser un centro aislado de la comunidad social, debiendo insertarse en ésta y mantener relaciones con padres, entidades profesionales y culturales, etc.…

6 La educación pública se desenvuelve en tres grados:

1 1^er grado: comprende dos periodos →uno, voluntario y de carácter prescolar  para niños de 4-6 años. Otro obligatorio, para niños de 6-12 años.

2 2º grado: comprende dos ciclos → uno, de 12-15 años, concebido como ampliatorio de la educación básica. Otro de 15-18 años, concebido como preparatorio de la educación superior.

3 3^er grado: corresponde a la educación universitaria y se divide en dos ciclos correlativos a la licenciatura y al doctorado.

Al igual que es sistema educativo aparece como un todo unitario, el profesorado que lo sirve debe constituir también un todo orgánico. Siendo una la función educativa, uno debe ser también el profesorado.

A la espera de que se aprobara la Constitución, en diciembre, el Gobierno tomó, mediante decretos urgentes, las primeras medidas: se reconoció el Estado plural y las diferencias lingüísticas (se respeta la lengua materna de los alumnos) y al frente del Consejo de Instrucción Pública que haría caminar las reformas se nombró a Unamuno. Se proyectó la creación paulatina de 27.000 escuelas.

La República se propuso llenar las escuelas con los mejores maestros. Pero los docentes de la época tenían una formación casi tan exigua como su salario. Con Marcelino Domingo al frente del Ministerio de Instrucción Pública y Rodolfo Llopis de director general de Primera Enseñanza, se elaboró el "mejor Plan Profesional para los maestros que ha existido en nuestra historia", asegura Domínguez. Y prácticamente las mismas palabras usa Antonio Molero para defender esa idea. El sueldo miserable de aquellos voluntariosos maestros subió a 3.000 pesetas al tiempo que se organizaban para ellos cursos de reciclaje didáctico. En aquellas Semanas Pedagógicas recibían asesoramiento de los inspectores, para remozar su formación. La carrera de Magisterio, elevada a categoría universitaria, dignificó la figura del maestro. A los aspirantes se les exigió, desde entonces, tener completo el bachillerato antes de matricularse en las Escuelas Normales, donde se enseñaba pedagogía y había un último curso práctico pagado. "Se hizo del maestro la persona más culta, eran los intelectuales de los pueblos y, con toda la precariedad en que vivían, ejercieron de una forma digna", señala Consuelo Domínguez.

Con aquellas mimbres comenzó a tejerse un sistema educativo que puso el énfasis en el alumno, le hizo protagonista de las clases y de su formación. Los críos salían al campo para estudiar ciencias naturales, se trataron de sustituir los monótonos coros infantiles recitando lecciones de memoria por el debate participativo y pedagógico; los niños y las niñas se mezclaron en las mismas aulas, donde se educaban en igualdad, y se favoreció un tránsito sin sobresaltos desde el parvulario a la universidad. "Fue una escuela en la que se educó a los niños atendiendo a su capacidad, su actitud y su vocación, no a su situación económica. La educación pública recibió financiación para ello, y eso era algo que la escuela privada miró con recelo", recuerda Molero. "Todo tenía el aroma pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza, que fue el soporte intelectual en el que se apoyó la República. Aunque diseñó una escuela más laica".

Pero no todos estaban de acuerdo con ésta Constitución. Hubo un sector de la población que se vio seriamente afectado: la Iglesia. Así, una vez aprobada la Constitución, el 1 de enero de 1932 la iglesia jerárquica española daba a conocer una pastoral colectiva en la que se rechazaba ésta, afirmando una vez más, su derecho a enseñar y el de los padres a la elección de los centros docentes que estimaren convenientes para la educación de sus hijos. Tal punto llego la situación, que se produjo una “guerra escolar” entre los partidos de la enseñanza confesional y entre los que propugnaban la enseñanza laica, tuvo su momento álgido en la intervención directa de la Santa Sede, con Pío IX. Fue la primera vez que la educación en nuestro país, enfrentaba formalmente el Estado español y a la Iglesia de Roma. Aprobada la Constitución, al ministro Fernando de los Ríos le tocó lidiar con la reforma más drástica y conflictiva: la disolución de la Compañía de Jesús; a las órdenes religiosas se les prohibió impartir enseñanza mientras a los maestros se les "libera" de la obligación de dar doctrina religiosa en clase.

"Es una medida discutible en un régimen de libertades, pero lo cierto es que era constitucional", asegura Molero. "La España de la época quizá no estaba preparada para estos cambios", razona Domínguez. En todo caso, la política de sustitución de la escuela religiosa "fracasó, porque las órdenes religiosas pusieron los colegios en manos de seglares con los derechos civiles reconocidos. Tenían otro nombre, pero era lo mismo. De hecho, el número de centros privados era mayor en 1935 que en 1931". Unos colegios privados a los que se permitieron fijar su ideario.

La llamada escuela unificada, tan criticada en las filas conservadoras, no se refería, asegura Molero, "a la cesión al Estado del monopolio educativo. Se trataba de una educación sin escalones, que permitiera un camino fluido y continuo desde unos niveles a otros".

Durante el bienio azañista, se pudo llevar a término la ley, que con tanto esmero se concibió, como la solución al déficit educativo en el país. Se continúo con la labor de renovación de la enseñanza primaria. La construcción de escuelas. Promulgo decretos para aligerar los plazos y los procedimientos de colaboración entre el Estado y el municipio, a crear prototipos de edificios escolares para cada región geográfica y mejorar la financiación de éstas construcciones. Creo, mediante el decreto de 27 de enero de 1932, la Sección Pedagógica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. Otorgándole, dicha norma, una doble misión: “el cultivo de las ciencias de la educación y el desarrollo de los estudios superiores pedagógicos”. Así como la formación del profesorado de segunda enseñanza y de Escuelas Normales, de la Inspección de Primera Enseñanza y de los directores de escuelas graduadas (Art.1º). Dicha sección expediría los certificados de estudios pedagógicos que habilitaría a los licenciados para opositar. Se regulo otro aspecto de la enseñanza primaria: la Inspección. Mediante el decreto de 2 de diciembre de 1932, se aporto una concepción mas moderna de esta y haciendo del inspector un especialista técnico-pedagógico, un consejero y un orientador del maestro. De igual manera ocurrió en la enseñanza media mediante el decreto de 30 de diciembre del mismo año. Por otro lado, aquí hubo que enfrentarse al problema derivado de la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, con la que se ordenaba el cierre de esta enseñanza para el 1 de octubre de 1933, exceptuándose solamente la enseñanza primaria cuya extinción seria para el 1 de enero de 1934. a tal efecto, se creo la Junta de Sustitución. La cual se encargaría de sustituir la enseñanza, profesores y edificios religiosos por laicos. En el ámbito universitario, se realizo un proyecto de ley que, aunque no llego a convertirse en ley, reflejaba el pensamiento reformador a este nivel: formar científicamente a los diferentes profesionales, que la sociedad requiere y fomentar la investigación en su propio seno.

En 1933 se celebraron las segundas elecciones a Cortes de la República, dando la victoria a los partidos de derecha (coalición formada por los radicales de Lerroux y por los católicos de la CEDA de Gil Robles). La mujer estrena el voto femenino y la derecha -la CEDA de Gil Robles- llega al poder. Los progresistas verán cómo se va destejiendo parte del sistema diseñado. "Ellos mismos se llamaron el bienio rectificador", recuerda Cristóbal García, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva. Esto supuso que se diera marcha atrás en muchos de los planteamientos educativos laicos del anterior gobierno. En la enseñanza primaria, se inició un descenso en las construcciones escolares y un debilitamiento creciente de la reforma pedagógica. Se prohibió la coeducación en las escuelas primarias  a lo que, conjuntamente, le siguió una intensa acción para conseguir erradicarla en las escuelas normales. También este retroceso afectó a la enseñanza universitaria. Muestra de ello es la extinción de la representación estudiantil en los claustros, juntas de gobierno y juntas de la facultad. Por otro lado, como aportaciones positivas de esta etapa destacan, las reformas de la segunda enseñanza, en la que se establecía que los alumnos libres y los de enseñanza colegiada se matricularían en los institutos nacionales de segunda enseñanza, donde se examinarían ante un tribunal. Esto también seria de aplicación para los alumnos de institutos locales y elementales y a los de los colegios subvencionados. Por otro lado se prohibía la imposición por el profesorado de libros de texto o de lectura Además se determinaban las condiciones para la creación de institutos nacionales e institutos elementales. Pero la reforma fundamental en este nivel se produce con la aprobación, en 1934, del Plan de estudios de bachillerato: el Plan Villalobos .Con él, la enseñanza se estructuró a este nivel en siete cursos divididos en dos ciclos. El primero, (formado por tres cursos) impartiría una enseñanza general que prepararía para el segundo ciclo (formado por cuatro cursos divididos) donde los dos primeros cursos de éste comprenderían disciplinas formativas y en los dos siguientes se profundizaría en las disciplinas. Finalizado el bachillerato, había una prueba de reválida en cuyo tribunal intervendría el profesorado universitario . Por otro lado, la calificación de los alumnos oficiales se encomendaba a la junta de profesores, que habrían de tener en cuenta la labor del alumno a lo largo del curso. Respecto a los alumnos de enseñanza libre y colegiada, se reiteraba el criterio de que se examinaran ante la junta de profesores del instituto del que dependiera el centro. En cuanto a la enseñanza universitaria, hay que destacar el impulso dado a la construcción de la Ciudad Universitaria de Madrid y la inauguración del Colegio de España en Paris en 1935.

"Aquel bienio dedicó su política docente a frenar las medidas anteriores", critica Molero. Pero señala, "en justicia", dos iniciativas considerables de aquel periodo: "Un buen plan de bachillerato y una comisión para la reforma técnica de la escuela que no pudo dar sus frutos". Por entonces comenzó el baile de ministros de Instrucción: "16 hubo en el total de la República: imposible hacer políticas a medio plazo", lamenta Molero.

Las terceras elecciones de la República, en 1936, dieron la victoria al Frente Popular, alianza de partidos y organizaciones de izquierdas. A pesar de que entre sus promesas electorales se incluían profundas reformas educativas, el alzamiento militar, que trajo consigo la guerra civil y el punto final a la república, no permitió su puesta en práctica. El 18 de julio de 1936 comienza la guerra civil española con el alzamiento militar del general Franco. A pesar de ello, diversas instituciones republicanas continuaron con el gran esfuerzo por la cultura y la lectura popular. Todas ellas promovieron un desarrollo educativo y cultural que, en su conjunto, dio lugar a un movimiento educativo de gran magnitud que según Ramón Safón, no ha sido superado.  ^.Todo con el fin de seguir su campaña de alfabetización entre la población, incluida la que se encontraba cumpliendo con la Patria en el frente, la cual contó con la colaboración de maestros, profesores de Enseñanza Media y de Universidad. Por otro lado, en la denominada zona nacional o bando nacional, la situación era diferente. A medida que sus tropas avanzaban, emitieron varias disposiciones con el fin de lograr un control total de los fondos bibliográficos, con lo que contribuyó a la reducción del número de bibliotecas públicas anteriormente creadas. Las primeras disposiciones, ya en 1936, consistían en la prohibición de producción, comercio y circulación de libros, periódicos, folletos e impresos que no sirviesen para propagar las ideas de éste sector del Ejército y del Nuevo Estado, lo que inició una política de lo que se denominó “depuración”. Para ello se creo una Comisión de Depuración compuesta por distintos miembros como académicos y militares eclesiásticos que tenían la facultad de efectuar expurgos ideológicos, literarios y de otro tipo, siempre que por su contenido se opusieran al Movimiento Nacional.  Estas Juntas van a emitir listas de libros y otro tipo de publicaciones que, por su contenido en ideas del bando republicano, conceptos inmorales, propaganda de doctrinas marxistas, y todo cuanto fuera crítico con el Movimiento: la unidad de la Patria, la religión católica y la denominada Cruzada Nacional, van a ser prohibidos. Con el fin de controlar mejor ésta situación en abril de 1937 se establece la obligatoriedad, por parte de los impresores españoles, de entregar mensualmente un ejemplar de todas las publicaciones del tipo que fueren. Como podemos apreciar la dinámica durante la Guerra Civil en la zona republicana y en la nacionalista fue muy distinta. Durante los tres años que dura la confrontación, la vida social, cultural y política del país vive conmocionada, por lo que habrá que esperar hasta la victoria de los sublevados en 1939, para reanudar la historia del sistema educativo español. Aunque sí cabria destacar que, mientras que en la zona republicana se continúa con la trayectoria, dentro de la legislación vigente, de extensión de la cultura a la población, en el bando nacional la actividad se centra en el control, la censura, la incautación, la depuración e incluso la quema de bibliotecas.

Misiones Pedagógicas y Colonias Escolares: Antes que educar, la República se vio obligada a dar de comer a los niños. Incluso a vestirlos. Había cantinas y roperos escolares y cobraron fuerza las Colonias Escolares que ya antes había puesto en marcha Bartolomé Cossío. Los niños viajaban al mar o a la montaña. Hacían deporte, se divertían. Pero, sobre todo, comían. "En 15 días algunos ganaban hasta cuatro kilos de peso", dice la doctora en Historia Consuelo Domínguez, que ha estudiado con detalle este extremo.

Hubo medidas urgentes que no podían esperar y que se adoptaron a golpe de decreto, hasta que fue aprobada la Constitución. El profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva Cristóbal García ve en algunas de ellas un espíritu muy reformista: "Lo más revolucionario que puede hacerse, después de facilitar alimentación, fueron aquellas Misiones Pedagógicas" de cuyo patronato fue también presidente Cossío, y que todavía recuerdan los más viejos de los pueblos. En destartaladas camionetas llegaron a las aldeas perdidas bibliotecas itinerantes, proyecciones cinematográficas, teatro, museos ambulantes. El 70% de los hombres eran analfabetos; mucho más las mujeres. En aquellas Misiones Pedagógicas se embarcaron grandes poetas, afamados escritores y maestros con su corbata y maletín a los que los lugareños recogían en burro donde las camionetas ya no tenían acceso.

El Consell tendrá que recortar más de un 14 % del gasto en Educación y Sanidad para cumplir con Rajoy

Fabra y sus consellers rechazan en bloque la propuesta de Aguirre de devolver competencias al Estado - "Lo que no se puede, cuando la situación cambia, es pedir que otros asuman esas cuestiones", dice el presidente

Un hachazo descomunal, sin precedentes en la historia de la Generalitat, a los pilares del Estado de Bienestar, la sanidad y la educación. Los recortes acumulados a lo largo de este año exigirán al Consell la reducción de al menos 1.639 millones en los recursos destinados a la atención sanitaria y educativa, lo que representa un tijeretazo de más del 14 % sobre el gasto efectivo de la Generalitat en esas áreas, un 16,3 % sobre el presupuesto aprobado para este año. Una amputación que, para la oposición, no será posible sin la precarización de los servicios esenciales y que, en todo caso, se antoja complicada de cuadrar si además de revisar la cartera de servicios y de pagar las recetas en función de la renta, no se imponen medidas como volver a tocar las nóminas, la introducción del copago por la atención médica (cobro por consulta en primaria, por día de hospitalización o por las urgencias) o bien, más subidas de impuestos.

Y es que, a los más de 1.000 millones de recorte extra en Sanidad y Educación -que el Consell teme que lleguen hasta 1.200 millones en la C. Valenciana- incluidos en los 10.000 millones anunciados el lunes por el Gobierno para toda España, hay que añadir al menos otros 639 derivados de los ajustes impuestos a través del decreto ley del Consell de medidas para reducir el déficit en 1.056 millones, aprobado en enero pasado. Dentro de estos 639 millones figuran los 440 de tijeretazos y ahorro en la gestión de Sanidad y 199,1 de las nóminas (carrera profesional, sexenios, interinos docentes). Al margen, está el cepillado de otros 500 millones como consecuencia de las previsiones más negativas de las esperadas que acompañaron los Presupuestos del Estado de Rajoy. De dónde saldrán estos fondos no se sabe nada. Este es el plan de jibarización de la Generalitat impuesto por Rajoy y teledirigido por Bruselas. La otra realidad es la del gasto efectivo de la Administración autonómica que sostiene las políticas de bienestar actuales. El Consell hizo pública la liquidación de 2011 pero el detalle por conselleries se desconoce, también en la información que aireó el ministerio. Sin embargo, sí se cuenta con la referencia de 2010. Ese año, la Generalitat reconoció obligaciones en Sanidad por 6.316 millones (había presupuestado 5.720), pero escondió en los cajones otros 1.061, 802 de atención sanitaria y 259 de farmacia). En total, 7.377 de coste efectivo, incluidas obligaciones no reconocidas. En cuanto a Educación, ejecutó 4.362 millones. Entre Sanidad y Educación, 11.739 millones.

No se sabe la cifra exacta de ahorro en 2011 pero, incorporando el gasto no reconocido, no parece que pueda superar los 700 millones. Como ejemplo, hasta noviembre pasado, el Consell había gastado 585 millones menos en Sanidad que en 2010, pero no había declarado la factura farmacéutica desde septiembre y había dado de baja 63 millones ya contraídos. Esto es, unos 420 millones "escondidos". De este modo, sobre un desembolso efectivo -siempre incluyendo obligaciones no reconocidas- de unos 11.000 millones en Sanidad y Educación, el Consell se enfrenta a unos recortes de nada menos que del 14%. Como el mayor peso del ajuste recae sobre Sanidad (1.226 millones, frente a 412 de Educación), la mutilación es del 16% en el área de salud y del 9,5% en la educativa. Ahora bien, si la referencia es el gasto previsto por el Consell para este año, el alcance de las medidas a tomar todavía parece más doloroso. Para estas áreas, la Generalitat ha presupuestado 10.030 millones, de los que 5.492 son de Sanidad y 4.537, de Educación. De este modo, sobre el presupuesto, los recortes acumulados alcanzarían hasta el 16,3 % de la previsión, un porcentaje que se eleva al 22 % en el área sanitaria y al 9% en la educativa. Entre tanto, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y varios de sus consellers salieron ayer en tromba para contradecir a la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, quien el día anterior abogó por devolver al Estado las competencias de Sanidad, Educación y Justicia. Lo que "no se puede hacer" cuando la situación económica "cambia", aseveró el jefe del Consell, es "pedir que otros asuman estas competencias". "Yo no quiero devolver ninguna competencia", aseveró Fabra, para añadir: "Tenemos lo que nos hemos ganado y lo que tenemos es que trabajar más y coordinarnos mucho más con otras administraciones". El presidente incidió en que en España "hemos conseguido un Estado autonómico que ha sabido dar sus frutos cuando la economía iba bien. Lo que no podemos hacer cuando la situación cambia es pedir que otros asuman estas competencias. Las tenemos que hacer nosotros". "Las cuentas no están cuadradas" Preguntado por cómo va a afectar a los valencianos el recorte anunciado por el Gobierno, admitió que no lo sabe y que el sábado, en la cita de Rajoy con los barones, espera que le detallen las medidas. "Lo que viene a decir el Gobierno es que debemos apretarnos el cinturón". "No tenemos cuadradas las cuentas. Hay más gastos que ingresos. En esto tenemos que colaborar todos, también las comunidades", señaló. Por su parte, el conseller de Sanidad, Luis Rosado, fue rotundo en su rechazo a la propuesta de Aguirre. "Evidentemente no", respondió al ser preguntado, para añadir que el modelo de salud valenciano "es mejorable pero no sustituible". A su juicio, se trata de un modelo en el que "los problemas de cada ciudadano son solucionados más cerca de él", lo que considera "un elemento indispensable dentro del Estado Español" y que "forma parte de la Constitución". La titular de Educación, María José Català, también recalcó que en el Ejecutivo valenciano no están "en ese debate". Y el de Justicia, Jorge Cabré, dijo que no querer asumir ciertas competencias por parte de las comunidades "es tanto como no querer el estado autonómico". "No me parece razonable que cuando las cosas van mal, decir que esto no lo quiero". Los rectores piden que no se suspendan los campus de excelencia.

El rector de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) y vicepresidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) describió ayer la "preocupación" que existe entre las instituciones de educación superior del país por la suspensión del programa de Campus de Excelencia Internacional (CEI), por lo que ha trasladado una "respetuosa" petición al Gobierno para que "reconsidere" su postura. En la Comunitat Valenciana, la medida afectará a dos proyectos aprobados por el Ministerio de Educación: el VLC/Campus, de 2010, entre la Universitat, la Politècnica y el CSIC, y el 5U-Habitat, de 2011, con las cinco universidades. Juliá destacó la "percepción de una enorme preocupación por parte de los rectores, tanto de las universidades públicas como privadas", ante esta situación. Para el rector, éste es un tema que "hay que debatir en la Conferencia de Rectores y debe soportarse en un documento de reflexión". En su opinión, estos proyectos han permitido "sinergias" tanto entre las mismas universidades como con el tejido empresarial valenciano. Por su parte, la consellera de Educación, María José Català, preguntada ayer por este recorte, indicó que "son una iniciativa del anterior Gobierno socialista que a final de la legistatura anterior y al final del presupuesto anterior sólo se ejecutó poco más de un uno por ciento". Català criticó que "el anterior gobierno no comunicó esa situación a las universidades, fue posteriormente" y defendió que se lleve a cabo una "redefinición de los campus de excelencia de forma que sean sostenibles". E. Press/j. g. g./M. D. valencia.