El Gobierno de Fabra está preocupado por el impacto exterior y las repercusiones económicas
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Carga policial contra estudiantes que protestaban contra los recortes el pasado 20 de febrero. / JORDI VICENT
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El Consell está preocupado por la imagen que transmite la Comunidad Valenciana desde hace meses. Sobre todo en el exterior. Y tiene sus motivos. Los impactos positivos obtenidos con los grandes eventos —fundamentalmente deportivos— y los hitos arquitectónicos han dejado paso a un cliché negativo caracterizado por la corrupción, el despilfarro y las protestas contra los recortes sociales.
En 2007, probablemente el año donde mayor notoriedad cobraron los grandes eventos y proyectos financiados por la Generalitat, los medios británicos y norteamericanos se atrevían a comparar la Comunidad Valenciana con Florida. Era el espejo en el que se quería mirar el Consell.
Ahora, cinco años después, las comparaciones son mucho menos agradecidas. La Comunidad Valenciana aparece en el exterior como “la Grecia española”. Y no solo en medios de comunicación europeos. Franceses, como Le Monde o Le Figaro; británicos como Financial Times o The Guardian, se han hecho eco de la situación valenciana igual que otros medios alemanes, belgas y norteamericanos como The New York Times. También televisiones y rotativos latinoamericanos y asiáticos.
Acontecimientos como la represión policial de los estudiantes del instituto de bachillerato Lluís Vives de Valencia dieron la vuelta al mundo hace pocas semanas y proyectaron de forma masiva la imagen de la Comunidad Valenciana. No solo en los medios convencionales, también en las redes sociales, hasta el punto de que la etiqueta #primaveravalenciana llegó a convertirse en trending topic mundial en Twitter.
Estos impactos, sumados a las imágenes de las detenciones y los registros de la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, han remachado docenas de informaciones anteriores sobre la corrupción y el despilfarro.
Registro de la sede de cooperación de la Generalitat. / CARLES FRANCESC
La consecuencia ha sido que imágenes como la del expresidente Francisco Camps en el banquillo, el aeropuerto de Castellón o la Ciudad de las Artes y las Ciencias se han convertido en iconos de valores negativos, que han arruinado en meses los esfuerzos de años anteriores por proyectar una marca positiva del territorio.
Hasta tal punto, que la mala imagen de la Comunidad Valenciana se ha convertido en un problema para el Consell, que ha recibido quejas de los empresarios que trabajan en mercados exteriores, sobre todo en el sector turístico. “Un reportaje negativo en Le Monde o en Le Figaro nos hace mucho daño”, confiesa un alto cargo de la Administración valenciana, que recalca: “Tenemos problemas, pero no todo es malo y hay que explicarlo”.
El propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha tenido que instar a los parlamentarios populares en Madrid la semana pasada a “vender la verdadera imagen de la Comunidad Valenciana”. “No es lo que se está contando, tenemos que contar la realidad y dar a conocer la potencia, el espíritu emprendedor, el optimismo de nuestro territorio y la valentía de nuestra gente”, ha señalado Fabra.
Un miembro de su Gobierno admite que, “de manera informal”, el PP ha intentado reconducir esta cuestión con la oposición. “Que digan que no les gusta la clase política dirigente, pero sí la Comunidad Valenciana”, reclama un alto cargo del Consell.
Estudiantes con mantas en un colegio de Almassora.
El problema es que no todos los cargos del PP tienen la misma percepción. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, señala: “Estamos viviendo una etapa de mala imagen interior impresionante, no exterior, pero ahí está la obra”. Para Barberá, la manera de “aceptar la autocrítica” es hacer “esfuerzos importantes para reducir los gastos”. Criterio que no comparte ningún grupo de la oposición, que reclama una verdadera asunción de responsabilidades políticas para recuperar la confianza de los inversores y la imagen del territorio. Este sin embargo, no es el único elemento que complica la consecución de un pacto social sobre la imagen del territorio.
El discurso que ha construido el PP desde hace más de tres lustros, sobre todo en las dos últimas legislaturas de Camps, es una dificultad añadida.
Durante años, el PP ha trabajado para identificar, sin matices, la marca del partido con la sociedad valenciana y con el territorio. La consecuencia ha sido un discurso excluyente que ha demonizado a cualquiera que criticase las decisiones de la Generalitat, con independencia de lo fundamentadas que estuviesen las mismas. De modo que cualquier pero a las decisiones gubernamentales era atribuido inmediatamente a personas, colectivos o instituciones tachados de antivalencianos, catalanistas o forasteros.
Más allá del discurso político, el PP, desde que ganó las elecciones en 1995, ha buscado reforzar el apoyo social a su política de grandes eventos con dos herramientas de carácter técnico: los estudios de impacto económico y los informes de impacto mediático. Instrumentos que se han utilizado para avalar la bondad de las inversiones y rebatir las críticas a unos proyectos que tenían como objetivo último trasladar una imagen de modernidad, atractiva para el turismo extranjero y eventos de proyección global.
Joaquín Maudos, catedrático de Análisis Económico y autor de un buen número de estudios de impacto económico encargados por la Generalitat al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, explica que el objeto de estos estudios es analizar “qué repercusiones tiene sobre la economía y el empleo una inyección nueva de gasto”.
“Siempre que hay un incremento del gasto hay un incremento de la actividad económica”, argumenta Maudos, que explica que “el objetivo de estos estudios es saber a qué sectores beneficia el mayor gasto”. “Jamás hay que sumar el impacto económico de una inversión con el efecto del impacto mediático”, advierte Maudos.
La evaluación del impacto mediático corresponde a otro tipo de empresas especializadas.
Pero al Consell, esta vez, no le ha hecho falta contratar a nadie para saber que los acontecimientos de los últimos meses han dejado devastada la imagen de la Comunidad Valenciana. Alberto Fabra tiene ahora la difícil tarea de gestionar la recuperación que sucede a los excesos.
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